Con relación a los hechos
ocurridos la mañana de este miércoles 8 de abril, en donde elementos de la
Policía Estatal ingresaron a los inmuebles del Poder Judicial, el gobierno del
estado rechaza rotundamente que se haya tratado de un desalojo y que éste se
ordenara por el gobernador Rogelio Ortega Martínez.
Esta acción se registró de
manera coordinada entre el gobierno del estado y el propio Tribunal Superior de
Justicia, quien solicitó la intervención de la Fuerza Estatal para resguardar
los inmuebles; el ingreso de la Policía Estatal se hizo por accesos alternos, acompañados por trabajadores del Tribunal Superior de Justicia
y sin confrontarse con los paristas.
Reconocemos que éste es un
conflicto laboral entre el Poder Judicial y sus trabajadores de confianza, sin
embargo, con el ánimo de contribuir a darle solución, el gobernador Rogelio
Ortega Martínez sirvió como intermediario y negociador y se hicieron diversas
ofertas a los inconformes, quienes no aceptaron llegar a acuerdos, agotándose la
posibilidad del diálogo.
El gobierno del estado
reconoce el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse libremente y
hemos insistido en que las inconformidades deben canalizarse por las vías y
mecanismos legales. La impartición de la justicia es un derecho constitucional
de los guerrerenses que debe garantizarse como vía para la convivencia
social.
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